La Corte Constitucional estudió la situación jurídica de la comunidad indígena Carubare Caruwei y de sus menores de edad, con ocasión de la clausura de la sede del Centro Educativo Nuestra Señora de Fátima. El alto tribunal concedió el amparo al derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad, así como el derecho a la educación de los menores, pues consideró que la clausura de la sede educativa y reubicar a los menores en otros establecimientos requería consultar a los miembros de la comunidad. Como consecuencia, ordenó un amparo, a manera de protección provisional, para garantizar a los menores un medio de transporte a través del cual puedan acceder al servicio de educación. Como medida definitiva dispuso adelantar un proceso de consulta previa con la comunidad para que se determine cuál es el medio a través del cual se garantiza de mejor manera el derecho a la educación (M. P. Alberto Rojas Ríos).