Tras sostener que se ha cumplido con la totalidad de los requerimientos iniciales ordenados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 del 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional en la atención a la población desplazada, el Gobierno le pidió ayer al alto tribunal que levante esa decisión. Según el pronunciamiento, hoy existe la capacidad institucional y los recursos económicos necesarios para atender de manera oportuna, eficiente y eficaz a todos los desplazados. El Gobierno presentó a la corte un plan de inversión estratégico por $ 44 billones para atender a esa población durante los próximos 10 años.