El Gobierno estableció el procedimiento para la implementación de la Ley 1820 del 2016, por medio de la cual se dictaron las disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales para las personas privadas de la libertad por delitos políticos o relacionados con el conflicto armado. Los beneficios aplicarán a las personas que hayan cometido delitos antes de la entrada en vigor del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno (1º de diciembre del 2016). Se concederá la amnistía por los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y delitos conexos. En la norma se definieron aspectos como el ámbito de aplicación personal, el acta de compromiso y el procedimiento para los privados de la libertad con procesos judiciales en curso y para los privados de la libertad condenados.