Con la reciente publicación de la Sentencia T-300 del 2017, se conoció que la Corte Constitucional ordenó al Gobierno adelantar, por medio de las entidades que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE),  un proceso de consulta con las comunidades Kiwe Ukwe, Yu´Çxijme, Yu´kh Zxiçxkwe, Nasa Kwuma Te´wesx, Nasa Kwe´sx Kiwe y el resguardo indígena de Santa Rosa de Juanambú para establecer el grado de afectación que el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, mientras estuvo vigente, causó en la integridad física, cultural, social y económica de dichas comunidades. Ahora bien, de no ser posible una decisión concertada entre el Gobierno Nacional y las comunidades corresponderá al CNE, con base en evidencia científica, definir el nivel de afectación, sin desconocer las inquietudes y expectativas de las comunidades étnicas consultadas, con el fin de mitigar, corregir o restaurar los efectos de las medidas que pudieren tomarse sin su participación, sobre las riquezas culturales y naturales de las comunidades afectadas (M. P. Aquiles Arrieta).