La Corte Constitucional hizo un llamado a las entidades promotoras de salud y a las instituciones del Estado para que las negligencias y obstáculos administrativos no afecten el derecho a la salud. Esta situación se evidenció luego de la revisión del caso de un ciudadano, quien se encontraba privado de la libertad y que en reiteradas ocasiones había solicitado atención médica por quebrantos de salud.  El recluso manifestó a los funcionarios de un centro carcelario de Neiva que en el pasado había sido sometido a la extracción de un tumor cerebral maligno, por lo que requería valoración médica con urgencia ante la posible reaparición del mismo. Para la Corte, en el presente caso, se evidenciaron errores y omisiones. Una vez más, los procedimientos administrativos se sobrepusieron a la necesidad urgente de una persona de recibir atención médica, es decir, primó el trámite sobre lo humano y la formalidad sobre la dignidad, afectando profundamente la atención oportuna y eficaz de los pacientes, concluye el fallo (M. P. Alberto Rojas).