Así lo sostiene una resolución proferida por la Fiscalía General de la Nación en la que se declara como delito de lesa humanidad la conducta punible de concierto para delinquir agravado en un caso de financiación voluntaria de terceros al grupo paramilitar conocido como Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, entre los años 1996 y 2004. Esto quiere decir que la conducta en la que pudieron incurrir algunos de estos empresarios puede elevarse efectivamente a esta categoría y, de esta forma, se ubicaría en el plano de la imprescriptibilidad. El ente investigador informó que hizo un análisis detallado de las normas, la doctrina y la jurisprudencia dentro del marco del bloque de constitucionalidad y atendiendo que este tipo de conductas no están señaladas taxativamente en la normativa interna. Hecho este estudio, indicó que se verificaron si las conductas que se ejecutaron en virtud de ese concierto constituían graves violaciones a los derechos humanos como, por ejemplo, homicidios, desplazamientos forzados de población civil, desaparición forzada de personas, reclutamiento ilícito, torturas. Estableció que con esos dineros aportados se garantizó el funcionamiento, permanencia y crecimiento del grupo armado en la zona y se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para “ejecutar toda suerte de delitos como los antes mencionados”. En este sentido, reseña la resolución, el grupo armado ejerció un control social ilícito, territorial y de recursos que permitió que se cooptara el movimiento sindical y se eliminara prácticamente el derecho a la protesta social en la zona bananera de Urabá.