Existe corresponsabilidad del ICBF y la UNP sobre menores amenazados por participar en consejos juveniles

Si bien le corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar velar por el restablecimiento de los derechos vulnerados de los menores de edad, ello no implica que sea la única institución que debe garantizar, en todos los casos, sus derechos. Así las cosas, corresponde a la Unidad Nacional de Protección (UNP) estudiar los casos de los adolescentes que sean amenazados como consecuencia directa de su participación política en las elecciones de los consejos juveniles. Lo anterior, precisó el ICBF, con base en el Decreto 1066 del 2015, según el cual la responsabilidad de dicha entidad es brindar protección a las personas, sin distinción de edad, que estén en situación de riesgo extraordinario. Además, cuenta con los recursos humanos y físicos para garantizar el goce efectivo del derecho a la seguridad personal que podría verse afectado. La competencia del ICBF no puede ir en contravía con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, pues ello, además, desconocería el principio de corresponsabilidad impuesto a las diferentes instituciones del Estado, en relación con garantizar el interés superior de los menores de edad y el carácter prevalente de sus derechos.