La Sala Plena de la Corte Constitucional, a través de una sentencia de unificación, adoptó una serie de medidas para proteger los derechos de los etnoeducadores al debido proceso y de acceso a cargos públicos, ante la ausencia de motivación de la negativa de los consejos comunitarios a otorgar el aval de reconocimiento cultural, para ser nombrados en periodo de prueba. Finalmente, el alto tribunal exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que expidan un ordenamiento jurídico con fuerza de ley en el cual se regulen las relaciones entre el Estado y los docentes que prestan sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y en sus territorios. El magistrado Antonio José Lizarazo manifestó su salvamento de voto respecto a los mencionados exhortos (M. P. Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado).