En ejercicio del control automático de constitucionalidad, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la mayoría de normas del Decreto 589 del 2017, que organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Así mismo, declaró exequibles de forma condicionada las disposiciones concernientes a la entrega digna a los familiares de los cuerpos de dichas personas, el acceso y protección a lugares y al ámbito de la intimidad, el desarrollo de labores de búsqueda e identificación de estas personas, así como la inoponibilidad de reserva en acceso a la información. El magistrado Antonio José Lizarazo se apartó de las decisiones sobre la exequibilidad condicionada; los magistrados Diana Fajardo, Gloria Stella Ortiz, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto Rojas anunciaron la presentación de aclaraciones de voto relacionadas con el juicio de necesidad estricta de las medidas desarrolladas en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en materia de implementación del Acuerdo Final de Paz (M. P. Luis Guillermo Guerrero).