El estudio de seguridad sobre el riesgo de los ciudadanos, inclusive cuando este se presume constitucionalmente, es necesario para adjudicar las medidas de protección, advirtió la Corte Constitucional. Al respecto, recordó que los afectados pueden solicitar dicha evaluación en todo momento, bajo el Decreto 4912 del 2011, que reguló el nuevo programa de prevención y protección de personas o grupos en riesgo. Adicionalmente, la corporación resaltó que el juez de tutela no puede determinar si alguien necesita ser sujeto de tales medidas o no, pues esto es labor de las autoridades encargadas (M.P. Humberto Sierra Porto).