La Corte Constitucional negó la protección del derecho a morir dignamente que la hija y agente oficiosa de una adulta mayor, de un poco más de 90 años, reclamó en beneficio de su madre por vía de tutela, con el objetivo de que se ordenara a una entidad prestadora de salud la realización de la eutanasia, considerando el deterioro físico y mental derivado de su avanzada edad y afecciones de salud. Para la Sala, el deterioro físico y funcional de la nonagenaria no es ajeno a la etapa de la vida en que se halla, el cual, si bien se ha visto agudizado por sus antecedentes clínicos complejos, no conduce a configurar los elementos que permiten catalogar su estado en un caso trágico, en la medida en que en su diagnóstico no se incluye alguna enfermedad calificada como terminal, desde el criterio médico. En ese escenario, advirtió que la eutanasia, aun cuando es una de las dimensiones del derecho a morir dignamente, no es la única opción. A su juicio, en oportunidades como la analizada la forma de garantizar el derecho no se concreta necesariamente precipitando la muerte, pues el mismo tiene distintas dimensiones y se hace efectivo con medidas orientadas a conjurar el dolor y a brindar el máximo bienestar posible, a través de los cuidados paliativos (M. P. Gloria Stella Ortiz).