La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene programado para esta semana un reparto de expedientes de tutela, asuntos administrativos y, así mismo, el estudio del  incidente de nulidad de la Sentencia T-567 del 2017. Vale la pena decir en dicho fallo la Sala analizó cinco acciones de tutela formuladas separadamente por el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), ahora Agencia Nacional de Tierras (ANT), contra varios juzgados municipales, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Ello por haber declarado en favor de particulares la pertenencia por prescripción adquisitiva de unos predios rurales sobre los cuales se había ejercido posesión material, pero que carecían de antecedentes registrales, por lo que, al parecer, gozaban de la presunción de ser baldíos, cuya administración, custodia y adjudicación corresponde al Incoder.