La Corte Constitucional había admitido una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4° de la Ley 581 del 2000, por medio de la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. La norma acusada establece que el mínimo de mujeres que debe ocupar cargos directivos en el sector público o en el nivel decisorio es del 30 %, so pena de sanción de suspensión o, incluso, de destitución del cargo en caso de que la autoridad nominadora persista en la conducta discriminatoria. Sin embargo, los demandantes estimaban que la circunstancia de desigualdad que dio origen a la expedición de la norma, a manera de acción especial afirmativa, ya se encuentra superada. Incluso, explicaban, las mujeres ya superan dicho porcentaje de participación en los niveles directivos de las entidades públicas, por lo que se estaría vulnerando, ahora, el derecho a la igualdad de los hombres. Al respecto, la Corte encontró que los argumentos esgrimidos por los actores, tanto en la demanda como en su corrección, carecen de certeza, pertinencia y especificidad. En esa medida, se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo respecto a este particular expediente (M. P. Carlos Bernal Pulido).