Mediante ley se definirán los instrumentos de carácter judicial o extrajudicial que servirán para adelantar procesos de paz en el país, así lo dice el texto aprobado en séptimo debate del proyecto de justicia transicional. Además, el Fiscal General de la Nación tendrá la facultad de determinar los criterios de priorización para ejercer la acción penal. Finalmente, una ley estatutaria regulará qué conductas serán consideradas conexas al delito político, para abrir el camino de la participación en política de los desmovilizados.