La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que decretó la exequibilidad de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y su ley aprobatoria (Ley 1573 del 2012). Según el fallo, la consagración del delito de corrupción de agente público extranjero en el instrumento internacional es compatible con la Carta Política, porque sanciona conductas lesivas del orden económico, la igualdad de competidores, la corrección del tráfico económico y la imparcialidad. Por otra parte, la Convención contribuye a la cooperación internacional, señaló el alto tribunal (M. P. Jorge Pretelt).