Colombia es responsable por no prevenir el asesinato de la defensora Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria junto con otras defensoras de la Comuna 13, ubicada en el occidente de Medellín. Así lo concluyó una sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de condenar al Estado por no haber adoptado una serie de medidas para atender la situación de desplazamiento de estas lideresas y por violar el derecho a la protección judicial. Vale la pena mencionar que los hechos se dieron bajo el contexto del conflicto armado y de una serie operativos militares para tomar el control de dicho territorio, “en el marco de un estado de excepción que implicó la suspensión de derechos”, reseña el fallo. El alto tribunal internacional determinó que estas representantes comunitarias se hallaban en una situación de riesgo permanente y eran víctimas de violencia habitual, generalizada y sistemática, especialmente por el fenómeno del desplazamiento intraurbano. En virtud de estas violaciones, la Corte IDH ordenó a la Nación la adopción de diversas medidas de reparación, entre las que destacan continuar la investigación relacionada con el caso de la señora Rúa y sus familiares, y también implementar un programa, curso o taller dentro de la comuna destinado a promover y enseñar sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos en el país.