La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró exequible condicionalmente el literal b) del numeral 3° del artículo 24 del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012), que asignó facultades jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derecho de Autor en los procesos de su competencia, siempre y cuando la estructura y funcionamiento de la entidad garanticen los principios de imparcialidad e independencia de la administración de justicia. El alto tribunal identificó un riesgo de confusión entre las funciones de inspección, vigilancia y control y las judiciales. Por eso, el fallo indicó que el mismo funcionario o despacho no podrá ejercer estas últimas en asuntos que hubiera conocido previamente como autoridad administrativa. Además, las funciones asignadas deben ser desarrolladas por funcionarios distintos, de forma que no tengan relación jerárquica o funcional frente a quienes dictaron pronunciamientos en la materia (M. P. Mauricio González).