La Corte Constitucional afirmó que hay una absoluta falta de articulación de las entidades estatales para garantizar la atención y protección a las víctimas de las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó. En ese sentido, destacó que aún no están dadas las condiciones de seguridad mínimas que permitan realizar la asamblea general eleccionaria y la restitución de tierras, según lo dispuesto en el Auto 045 del 2012. Además, el plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva de estos pueblos no cumple con los parámetros ordenados en ese fallo, añadió el alto tribunal (M.P. Luis Ernesto Vargas).