La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional estudió el caso de un ciudadano que estuvo vinculado como soldado profesional en el Ejército Nacional hasta el momento en que se dispuso su retiro, bajo la causal de ausencia injustificada del servicio por más de 10 días, prevista en el literal b) del artículo 8° y el artículo 12 del Decreto 1793 del 2000.  Además de dicha decisión administrativa, se inició una investigación penal y otra disciplinaria en contra del accionante. Sin embargo, estas fueron archivadas luego de concluir que si bien la conducta era típica no resultaba antijurídica, pues la inasistencia del actor estaba plenamente justificada, ya que se encontraba apoyando a su familia, que atravesaba por una compleja situación. El análisis del caso llevó a concluir que se dio una vulneración del derecho al debido proceso del peticionario, porque no se le informó el inicio del trámite administrativo que determinaría si debía ser retirado del servicio y tampoco fue escuchado antes de que se tomara la decisión, aun cuando se tenía conocimiento de su delicada situación familiar. Además, en el acto que resolvió su retiro del Ejército Nacional no se indicó cuáles recursos procedían para impugnarlo (M. P. Diana Fajardo).