Por su falta de autonomía y autodeterminación, las personas que padecen de farmacodependencia deben considerarse como sujetos de especial protección constitucional, que ponen en riesgo su integridad personal, familiar y social, por lo que es deber del Estado brindar atención efectiva a través del sistema de seguridad social en salud, ya sea mediante las entidades promotoras de salud o entidades particulares con las que exista convenio, indicó la Corte Constitucional. No obstante, este auxilio no es absoluto, pues debe mediar orden del médico tratante o médico privado y el consentimiento de quienes se someten a estos tratamientos de rehabilitación, señaló la corporación. (M.P. Alberto Rojas Ríos).