Las instituciones públicas y privadas de Bogotá que presten servicios de salud o los administren deben priorizar sus decisiones en relación estricta con la garantía y el ejercicio del derecho a la salud de los niños. Así lo estableció la Secretaría de Salud de Bogotá, teniendo en cuenta que desde el año 2009 se han cerrado más de 500 camas pediátricas. Dentro de las medidas que estableció la entidad, a partir del 10 de enero del 2012, las entidades promotoras de salud (EPS) del régimen subsidiado y contributivo, así como las demás empresas administradoras de planes de beneficios y regímenes especiales, deberán presentar un informe en el que indiquen el número de madres gestantes, de neonatos, de niños menores de un año de edad, de bajo peso al nacer, en condición de discapacidad, entre otros datos.