Quienes pertenecen a grupos armados al margen de la ley y se entregan voluntariamente a las autoridades estatales competentes contribuyen a la paz, por lo que deben considerase como sujetos de especial atención por parte de todas las autoridades estatales. En esa medida, estas autoridades deben obrar frente a ellos de manera diligente e interpretar el alcance de sus funciones con criterios favorables y protectores. Con estos argumentos, la Corte Suprema de Justicia concluyó que las entidades públicas deben propender por el disfrute de garantías fundamentales de los desmovilizados, como el derecho a la educación. Las políticas que facilitan la posibilidad de realizar estudios favorecen la reintegración a la sociedad, por lo que a estas deben ser vinculados los organismos públicos y las universidades, advirtió (M.P. Arturo Solarte Rodríguez).