La Corte Constitucional emitió un fallo de tutela con efectos inter comunis en el que ordenó a la Presidencia de la República, al Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Contraloría General de la República el inicio de un diálogo interinstitucional para determinar en qué entidades podrían ser reubicados los funcionarios en provisionalidad, siempre y cuando no exista lista de elegibles, y en carrera, con el respeto reforzado por su estabilidad derivado del acceso por vía del mérito a los cargos públicos, que fueron afectados por la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La providencia encontró que alrededor de 89 funcionarios, en la última etapa de la supresión fueron vinculados a la Contraloría General de la República, en virtud de un conjunto de decisiones políticas, pero posteriormente fueron desvinculados del servicio, dados los problemas de validez y vigencia de las normas relevantes. Esta comunidad de afectados, recordó, se divide en dos grupos, aquellos que se hallaban en carrera, y tienen por lo tanto derecho a un nivel más alto de protección a su estabilidad laboral, y el de aquellos que ocupaban cargos en provisionalidad y, en ese sentido, tienen derecho a una estabilidad intermedia, dado que en cualquier caso su expectativa no tiene protección si el cargo que ocupan es proveído por concurso público (M.P. María Victoria Calle).