El Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió la tutela presentada por una defensora de familia en representación de un menor de nacionalidad venezolana, a quien por la omisión de trasladarlo a una unidad de cuidado neonatal se puso en situación de riesgo para su vida, salud e integridad personal, pese a que así lo había prescrito el médico tratante. El Tribunal enfatizó que las personas de origen extranjero que se encuentren en Colombia tienen derecho a recibir un mínimo de atención en casos de necesidad y urgencia para proteger sus derechos fundamentales. Sobre el particular, reiteró que las instituciones de salud sí se encuentran obligadas a garantizar la prestación continua del servicio para estas personas, sin que pueda oponerse como requisito la prueba de residencia en el respectivo departamento o municipio. Por último, explicó que los entes territoriales tienen recursos provenientes del Gobierno Nacional para sufragar dichos gastos, por lo que no se puede negar la prestación del servicio bajo ninguna circunstancia (M. P. Robiel Amed Vargas).