La Corte Constitucional ha admitido, en supuestos excepcionalísimos, que la omisión del tutelante de ejercer los recursos judiciales que hubiese tenido a su alcance se justifica cuando la persona en situación de vulnerabilidad ha padecido de una indebida representación judicial. En virtud de lo expuesto, la corporación reiteró que este amparo constitucional no puede utilizarse como un mecanismo para omitir los recursos judiciales que son idóneos y eficaces para resolver la controversia jurídica, ni para revivir términos y etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico (M.P. Carlos Bernal Pulido).