En un salvamento de voto, la magistrada María Victoria Calle advirtió que se violó el derecho al debido proceso dadas las circunstancias bajo las cuales la Procuraduría sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad a la exsenadora Piedad Córdoba. A su juicio, incluso si se admitiera que el Procurador General de la Nación tiene competencia para destituir e inhabilitar a los congresistas, en este caso se desconoció del derecho a contar con un proceso disciplinario imparcial e independiente. Con estos argumentos concluyó que se debía conceder la tutela. Era tan notoria la falta de garantías constitucionales que la mayoría de la sala se vio en la obligación de reconocer que se debían imputar a “imperfecciones” en el diseño institucional, agregó (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).