El Estado debe aplicar el principio de buena fe ante la queja de dolencia o patología que hace el recluso (1:25 p.m.)

La situación de especial sujeción en que se encuentran los reclusos genera restricciones a sus derechos y establece obligaciones a cargo del Estado, indicó la Corte Constitucional, en una sentencia dada a conocer recientemente. Sin embargo, dentro de esas restricciones, no se encuentra el derecho a la salud, que debe permanecer incólume y ser especialmente garantizado. La Corte precisó que ante la imposibilidad de que el recluso se practique por su propia cuenta exámenes diagnósticos y asista a un centro médico, el Estado debe aplicar el principio de buena fe cuando este se queja o manifiesta dolencias o patologías. De igual forma, señaló que el centro carcelario no puede aducir problemas administrativos o financieros para negar el acceso a la prestación de un servicio médico requerido por quien se encuentra privado de la libertad (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).