La Corte Constitucional previno a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia para que garantice los derechos de defensa y contradicción en desarrollo de los procedimientos administrativos migratorios de carácter sancionatorio, con sujeción a los términos previstos en la Ley 1437 del 2011 y a lo previsto en las normas constitucionales, de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, en relación con la necesidad de proveer el servicio de traductor y/o intérprete oficial que le permita al migrante que no domina el idioma castellano expresarse y comprender los supuestos fácticos y jurídicos que dan lugar al trámite respectivo. Precisamente, el alto tribunal recordó que toda persona contra la cual se dirige una acusación en un trámite judicial, administrativo o en otro tipo de asuntos que no comprenda o hable con suficiencia el idioma en el que se adelanta la respectiva actuación debe ser asistida gratuitamente para defender sus derechos y controvertir las decisiones que puedan afectarla (M. P. Gloria Stella Ortiz).