La Corte Constitucional admitió una acción pública de inconstitucionalidad en la que se acusan unos apartes de los artículos 5° y 12 de la Ley 1149 del 2007 (oralidad en los procesos laborales). Según los demandantes, las expresiones acusadas imponen al juez una serie de obligaciones que buscan reducir drásticamente el tiempo dedicado a las audiencias. “Las expresiones demandadas constriñen al juzgador a pronunciarse bajo un esquema de celeridad, que si bien es deseable en nuestro medio tampoco puede llevarse hasta el extremo de suprimir una fórmula de expresión de las partes decididamente significativa”, resume la acción. Vale la pena mencionar que se relacionan como normas infringidas los artículos 2°, 29  y 229 de la Carta Política. Finalmente, concluyen los accionantes  que de no proceder dicha inexequibilidad se estarían desconociendo claras garantías fundamentales como las que integran el debido proceso.