La Defensoría del Pueblo radicó en la Cámara de Representantes un proyecto que pretende reformar la acción de tutela, para optimizar su transparencia y garantizar un efectivo control social sobre el comportamiento de los jueces. En particular, se concentra en el proceso de selección y revisión adelantado por la Corte Constitucional. Así, se definirían criterios que orienten el proceso de selección, como hacer pública el acta de selección y aumentar el número de magistrados que integran las salas de selección. Así mismo, se establecería un término no superior a 15 días para publicar el fallo que resulte del proceso de revisión; se otorgaría a los altos dignatarios del Estado la posibilidad de insistir en los casos que no sean seleccionados para revisión, con estándares de motivación y transparencia; se definiría un término para la decisión sobre nulidades y este recurso sería proyectado por un magistrado distinto al ponente de la decisión. Por otro lado, se incorporaría el principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la tutela y se realizarían cambios para fortalecer las facultades de los jueces de instancia durante el trámite de la acción. La propuesta fija reglas claras para poner fin a las llamadas “tutelatones” y plantea que ante un hecho superado cualquier pretensión adicional por vía de tutela se acoja a la jurisprudencia existente.