El Gobierno acaba de expedir un decreto con el cual adopta la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades. Inicialmente, señala los objetivos de la política, su ámbito de aplicación y enfoques. De igual manera, establece una serie de estrategias dirigidas a prevenir dichas prácticas con ocasión de restricciones ilegales o arbitrarias contra las libertades ciudadanas. La norma además hace referencia a los mecanismos de acceso a la justicia, a las reglas de convivencia pacífica y fortalecimiento de la sociedad civil para la prevención, sin dejar de lado la gestión institucional. Por último, señala que el Ministerio del Interior coordinará la construcción de una línea de base para el monitoreo y evaluación del progreso y la eficacia de la implementación de los proyectos y estrategias definidas.