Así lo concluyó la Sala Plena de la Corte Constitucional, luego de  determinar que los programas de desarrollo estratégico territorial (Decreto 893 del 2017) constituyen instrumentos de coordinación y gestión en los territorios más afectados por el conflicto armado, los cuales se ajustan a los parámetros constitucionales exigidos de las medidas legislativas extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo y, en particular, al principio de autonomía territorial y a la reserva de ley orgánica. La magistrada Gloria Stella Ortiz salvó parcialmente su voto (M.P. Antonio José Lizarazo).