La Corte Constitucional declaró exequible la Ley 1425 del 2010, mediante la cual se eliminó el pago del incentivo económico a los actores populares. Según el alto tribunal, en el trámite de la iniciativa no se vulneró el principio de publicidad ni la exigencia de votación nominal y pública establecida para estos proyectos (M. P. Luis Ernesto Vargas).