El Gobierno objetó, por razones de inconstitucionalidad, el proyecto que pretende regular los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles. Para el Ejecutivo, esta propuesta se debió tramitar con los requisitos que se exigen para aprobar una ley estatutaria, pues contiene aspectos que competen al derecho a la vida y a la muerte digna del enfermo terminal. En las objeciones se destaca que con la iniciativa “está en juego la irreversibilidad de la vida y, por ende, el rigor con que debe surgir la determinación en torno al derecho a morir dignamente, aún respecto a la eutanasia pasiva previamente declarada por la persona”.