Con base en múltiples sentencias de tutela, la Corte Constitucional aseguró que el cumplimiento del requisito de subsidiariedad para la interposición de acciones de tutela, tratándose específicamente de personas víctimas del conflicto armado interno, debe ser analizado de manera flexible, atendiendo a su situación de sujetos de especial protección constitucional. De igual forma indicó que, en consideración a la vulnerabilidad de esta población desplazada, esta acción constitucional es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Lo anterior toda vez que los otros medios de defensa judicial carecen de la entidad suficiente para dar una respuesta completa, integral y oportuna respecto de las víctimas del desplazamiento forzado. También, agregó que resultaría desproporcionado imponerles la carga de agotar los recursos ordinarios para garantizar la procedencia del medio de defensa constitucional, no solo por la urgencia con que se requiere la protección, sino por la complejidad técnico jurídica que implica el acceso a la justicia contencioso administrativa (M. P.: Jaime Humberto Moreno Acero).