Aunque la Corte Constitucional ha insistido reiteradamente en que la crisis del sistema penitenciario, derivada del hacinamiento y las condiciones violatorias de la dignidad y demás derechos fundamentales de los reclusos, ha generado el estado de cosas inconstitucional en la materia, ahora, en la Sentencia T-195 del 2015, advirtió que esta realidad también está afectando gravemente al personal de custodia y vigilancia y administrativo del Inpec. En concreto, la corporación corroboró que, en la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia), existe sobrecarga laboral y extensión de la jornada, la salud del personal está en peligro por el estrés y la ausencia de actividades de promoción y prevención en salud ocupacional, y no hay garantías de seguridad, lo cual afecta el derecho al trabajo y la calidad de las labores desempeñadas. Por esto, ordenó la adopción de medidas tendientes a superar la escasez de funcionarios, garantizar el cumplimiento de la jornada máxima, mejorar las condiciones de seguridad y el mantenimiento de las instalaciones de esa prisión, brindar capacitación y reentrenamiento al personal de vigilancia y mejorar la atención de la aseguradora vinculada en lo relativo al incremento de actividades sobre salud ocupacional y prevención de riesgos laborales (M. P. María Victoria Calle).