Una tutela proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó el estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas declarado por la Corte Constitucional hace 12 años, en la Sentencia T-153 de 1998. En este caso, el turno fue para la penitenciaría de Armenia, en donde se detectó un hacinamiento del 300 %, con consecuencias como problemas de salud, violencia y maltrato a los presos. A raíz de esta situación, la Sala le ordenó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ampliar el cupo carcelario en esta prisión, en un plazo máximo de tres años, y trasladar a algunos presos a otros centros de reclusión en los que existan mejores condiciones de estadía y salud. En este fallo, la Corte destacó que su jurisprudencia ha sido vacilante y contradictoria a la hora de adoptar medidas más drásticas para proteger los derechos fundamentales a los presos (M. P. Javier Zapata).