La Corte Constitucional se declaró inhibida de pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la “convocatoria y realización del plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en vista de que no se expuso el contenido normativo de las disposiciones acusadas y tampoco se expresaron las razones por las cuales los textos demandados vulneran las disposiciones constitucionales. De igual forma, la demanda no cumplió con los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, por lo que fue imposible la configuración de algún cargo de inconstitucionalidad que permitiera realizar un pronunciamiento de fondo (M. P. Carlos Bernal Pulido).