El Estado en los distintos niveles, administrativos y territoriales, debe adoptar las medidas y efectuar las actuaciones encaminadas a asegurar la protección del derecho al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de las comunidades afrodescendientes y los derechos fundamentales de sus integrantes. Así lo señaló la Corte Constitucional al amparar los derechos al debido proceso y a la propiedad territorial en conexidad con el derecho a la vida, reclamado por el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya que pide no ser forzados a desaparecer como pueblo afrodescendiente debido al retraso en la titulación de sus tierras. La sala exhortó además al Consejo de Estado a que resuelva de manera prioritaria la revisión de una Resolución de la Unidad Nacional de Tierras Rurales (UNAT), que declaró extinguido a favor de la Nación el derecho de dominio privado sobre un predio rural de la Universidad del Cauca ubicado en dicho territorio y que ha evitado la titulación de tierras a favor de la comunidad (M. P. Mauricio González).