La Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas cautelares que impuso sobre el país para proteger a las comunidades chocoanas de Jiguamiandó y Curvaradó. Dichas medidas habían sido impuestas luego de que se constatara la vulneración sistemática y reiterada de los derechos fundamentales de estas poblaciones, que habían abandonado sus tierras ancestrales a causa de la incursión paramilitar y los bombardeos del Ejército sobre las selvas del Chocó. Según la Cancillería, fueron presentados a la Corte IDH más de 30 informes oficiales que demostraron la amplia presencia estatal y la intervención de dichas comunidades afrodescendientes. Finalmente, el alto tribunal destacó el estricto seguimiento que realizó la Corte Constitucional a los autos emitidos en el marco de la Sentencia T-025 del 2004, en los que decretó medidas cautelares por la violación de los derechos de restitución de territorios colectivos a estas comunidades.