La Corte Constitucional declaró improcedente una acción de tutela presentada por un congresista que a través de este mecanismo pretendía dejar sin efectos un auto proferido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el cual se declaró el cierre de la etapa de instrucción. El tribunal constitucional encontró que el accionante se había sometido a la jurisdicción especial para la paz, por lo que la CSJ perdió competencia para conocer el caso. Así, el alto tribunal encontró que las circunstancias fácticas y jurídicas que fundamentaron la acción de tutela cambiaron en sede de revisión y se configuró una carencia actual de objeto por hecho sobreviniente (M. P. Diana Fajardo).