Corte Constitucional se pronuncia sobre solicitudes de traslado presentadas por docentes amenazados

La Corte Constitucional exhortó a los jueces de tutela y a las secretarías de educación del país para que, de conformidad con lo dispuesto en el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, procuren emplear un enfoque territorial y sistémico en el marco de análisis de las solicitudes de traslado presentadas por docentes que sean amenazados, en particular en zonas de conflicto.

La decisión la tomó en el marco de una acción de tutela en donde revisó tres expedientes iniciados por docentes oficiales que buscaban que unas secretarías de educación accedieran a la solicitud de traslado que instauraron por razones de seguridad, ante su negativa, argumentaron que se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal, al trabajo, al debido proceso, a la unidad familiar, a la salud, entre otros. Los jueces de instancia negaron los amparos presentados. En general, consideraron que los actores debían iniciar el procedimiento dispuesto en las normas para obtener el traslado, o agotar los mecanismos ordinarios de defensa dispuestos para la protección de sus derechos.

La alta corte reprochó la decisión de los jueces de instancia que pese a la existencia de múltiples amenazas y hostigamientos que los accionantes recibían en contra de su vida e integridad física por parte de miembros de un grupo disidente de las FARC-EP no hayan tomado las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los docentes, por esa razón, amparó sus derechos y los de sus familiares (M. P.: José Fernando Reyes Cuartas).