El carácter irrenunciable e intransferible del nuevo derecho a la remuneración equitativa por la comunicación pública de obras audiovisuales constituye una limitación razonable y proporcionada, si se tiene en cuenta que sus beneficios son mayores que los costos que genera en términos de afectación de derechos. Así lo concluyó la Corte Constitucional luego de resaltar que la norma acusada,  artículo 1º de la Ley 1835 del 2017, no tiene efectos retroactivos, puesto que no está afectando lo acordado previamente entre el autor y el productor (M. P. Luis Guillermo Guerrero).