La Corte Constitucional encontró que los derechos al debido proceso y la vivienda digna de los beneficiarios de un macroproyecto de vivienda de interés social en Floridablanca (Santander) estaban siendo vulnerados con ocasión de la querella policiva adelantada en su contra por perturbación a la propiedad sobre un predio fiscal que aseguran haber venido ocupando por más de nueve años, luego del fallido proyecto. Según el alto tribunal, en el caso concreto evidenció la concreción de varias irregularidades que llevaron a ordenar a la alcaldía del municipio, entre otras medias, la adecuación del predio a los estándares mínimos de habitabilidad y la prestación de la asesoría jurídica en aras de poder ejercer las acciones legales tendientes a recuperar los recursos económicos invertidos en las viviendas que habían construido durante los nueve años de ocupación. Así mismo, ordenó al Ministerio de Vivienda que, en el marco de la ley y sus competencias, coordine con las entidades territoriales la ejecución de los anteriores planes y programas, prestándole al municipio la asesoría, cooperación y asistencia técnica necesaria (M.P. Jorge Iván Palacio).