La Corte Constitucional, en aplicación del principio de precaución, amparó los derechos fundamentales de una comunidad wayú afectada por las actividades de minería a cielo abierto desarrolladas por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, que, al parecer, afectaban su salud y el medio ambiente en el que se encuentran asentados. Además de proferir múltiples órdenes a distintas autoridades públicas, como el ejercicio de un control sobre las emisiones de material particulado de manera que la calidad del aire se mantenga en concentraciones adecuadas, la Sala explicó que es obligación del Estado garantizar la justicia ambiental, elemento mediante el cual se debe proteger a las personas y comunidades que padecen de forma desigual las consecuencias de las actividades extractivas que afectan el ambiente. En ese escenario, recordó que esa teoría se convierte en el remedio de un conflicto ecológico distributivo, dado que intenta eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en relación con el acceso de servicios ambientales y la exposición superlativa a los riesgos de ciertas industrias o actividades extractivas (M. P. Alberto Rojas).