Mediante decisión de tutela, el alto tribunal manifestó que es necesario implementar, en el menor tiempo posible, una política pública que defina los lineamientos de promoción, garantía, protección y restablecimiento de los derechos de estas personas. Lo anterior en atención a la negativa de una entidad territorial a atender a una mujer en condición de indigencia, bajo el argumento de que el Gobierno Nacional, en particular el Ministerio de Salud, no ha expedido la reglamentación de la Ley 1641 de 2013 . La sentencia advierte que la falta de una política pública no es excusa para que las autoridades territoriales no implementen la prestación de distintos servicios sociales para ese grupo de ciudadanos, pues para ello la ley ya ha brindado directrices y principios, que deberán adoptarse a través de programas piloto o por medio de la réplica de experiencias exitosas de otros entes territoriales (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).