La Corte Constitucional determinó recientemente que el acuerdo celebrado con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización (aprobado mediante la ley 1958 del 2019) se ajusta a los postulados constitucionales. Así mismo, la Sala hizo énfasis en que tales privilegios e inmunidades no exoneran al Estado de su responsabilidad de asegurar para los nacionales colombianos una reparación patrimonial en caso de un daño antijurídico causado por los beneficiarios del instrumento internacional o “del deber eventual de responder por el cumplimiento de las obligaciones laborales para con ellos, de conformidad con la legislación laboral colombiana” (M. P. Gloria Stella Ortiz).