La Corte Constitucional ofició a las instancias de control para poner en conocimiento posibles irregularidades cometidas por distintos actores del sistema de salud y del judicial al utilizar la acción de tutela para que un elevado número de menores lograran acceder a tratamientos no convencionales y de elevado costo, ordenados por médicos particulares en detrimento del sistema y en presunto beneficio de algunas instituciones prestadoras de servicios. En efecto, la corporación, al revisar más de 30 fallos constitucionales, pidió a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General, entre otras, que investigara a (i) los médicos y profesionales de la salud tratantes, por no declarar los conflictos de intereses en que pudiesen encontrarse inmersos y por diagnosticar y prescribir a los menores de edad sin sujeción a los protocolos médicos; (ii) a las IPS, por promover un esquema de acceso al sistema público de salud que podría no responder al interés superior del niño y que podría erosionar los principios de transparencia, equidad, funcionalidad y operatividad y sostenibilidad del sistema de salud; (iii) a los funcionarios judiciales, por la eventualidad de prácticas irregulares en el reparto y en la aplicación de las reglas sobre la competencia territorial de las acciones de tutela y (iv) a los abogados que habrían promovido ante los estrados judiciales esquemas irregulares de acceso al sistema público de salud (M. P. Luis Guillermo Guerrero).