La Sala Plena de la Corte Constitucional informó la exequibilidad del Decreto Ley 896 del 2017, que crea los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), se fijan sus componentes, su desarrollo y las instancias de ejecución y participación. La Corte aclaró que este decreto es una norma de carácter general y que la participación dentro del programa es de carácter voluntario, en el sentido de requerir el consentimiento de todos aquellos que quieran participar dentro del mismo, lo que impide la configuración de una presunta omisión legislativa al no incluirse como destinatarios los miembros de las comunidades indígenas y afrocolombianas. En el documento adjunto a esta nota encuentre las consideraciones que tuvo en cuenta la Sala para adoptar esta decisión, así como los salvamentos y aclaraciones de voto (M. P. Alberto Rojas).