La Corte Constitucional estudió el alcance de la protección del derecho a la propiedad privada a través de la acción de tutela e hizo un recuento de la jurisprudencia en torno a los desalojos forzosos de personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente de la población desplazada. En esta sentencia, la Corte reiteró que la acción de tutela frente a la ejecución de decisiones judiciales de hacer, en este caso una orden de desalojo, es procedente solo cuando el derecho que se pretende proteger a través de la providencia constituye un verdadero derecho fundamental en cuya protección debe intervenir el juez constitucional. Adicionalmente, el alto tribunal se pronunció sobre los derechos de las personas objeto de desalojos, recordando la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la observación general número siete del Comité DESC, intérprete autorizado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Colombia (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).